{{A. Las afiliadas a la FSESP, reunidas en Bruselas, del 8 al 11 de junio de 2009, con motivo del octavo Congreso de la FSESP, expresan su compromiso con los siguientes principios y objetivos:}}
1. Las empresas de servicio público son una parte fundamental de las infraestructuras y servicios públicos de Europa. Estos servicios deben ser accesibles geográfica y económicamente, y de calidad. La FSESP prefiere la titularidad y el control públicos de las empresas de servicio público, ya que es la mejor forma de garantizar a las empresas y los ciudadanos europeos el suministro de agua potable limpia y segura, servicios de saneamiento eficientes, un abastecimiento de electricidad y gas fiable, y un tratamiento sostenible de los residuos. La FSESP y sus afiliadas tienen como objetivo trabajar con la sociedad civil y los grupos de usuarios en la mejora de la calidad de la prestación de servicios. La FSESP se compromete a emprender acciones y a realizar campañas de apoyo a los sindicatos con afiliados que sean empleados de servicios de titularidad pública o privada. Estos trabajadores son los que proveen los servicios. Fomentar el interés público está, por lo tanto, relacionado con un empleo de calidad, lugares de trabajo seguros y unas condiciones laborales y salariales dignas;
2. El cambio climático es el gran reto de las generaciones actuales y futuras. La FSESP favorece la inclusión del cambio climático en las políticas y la legislación de la UE, la cooperación al desarrollo y las decisiones en materia de inversión con objetivos claros y ambiciosos. En la política de la UE deben integrarse los principios de la transición justa hacia una sociedad baja en carbono, o incluso de carbono cero, también para los trabajadores afectados. Tales principios se basan en las alternativas laborales y la formación;
3. La FSESP rechaza la continua liberalización de la energía, la gestión de residuos y los servicios del agua como parte del mercado interior de la UE o del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), debido al impacto que ejerce sobre los precios, la inversión, los trabajadores y los ciudadanos. La FSESP recomienda que los precios de las compañías de servicios públicos se calculen a partir de los costes y no del mercado;
4. Europa necesita una política energética común que aborde el cambio climático y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, promueva las energías renovables, reconozca la importancia de la eficiencia energética y la inversión pública masiva en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, reduzca la dependencia de Europa de los combustibles fósiles y contribuya así a la seguridad del suministro. La política energética europea debe ser democrática y reconocer el papel de las instituciones locales y nacionales a la hora de determinar la mezcla de combustibles. La FSESP manifiesta su compromiso con una política energética de precios justos y razonables para todos los usuarios que proteja los intereses de las personas de bajos ingresos;
5. Se defiende una política del agua fundamentada en ésta como derecho humano, con un alto nivel de calidad y a un precio que sea asequible para la gente, teniendo en cuenta la necesidad de proteger a los ciudadanos menos favorecidos y más vulnerables. El sector del agua debe estar, permanecer o, en su caso, volver a manos públicas. La FSESP cree que el uso racional del agua, la gestión de las cuencas fluviales, el tratamiento seguro de aguas residuales, las normas estrictas para los agentes contaminantes y el control público lograrán un nivel de contaminación cero en la fuente, contando con la participación de los sindicatos y los ciudadanos a través de mecanismos de participación;
6. Se apoya la jerarquía de los residuos que consiste en la prevención, reutilización, reciclamiento, transformación de los residuos en energía y, por último, los vertederos. El principio de quien contamina paga, diseñado para garantizar la preservación y sustentado en la aplicación de sanciones penales, la responsabilidad del productor y el concepto de proximidad (esto es, el tratamiento de residuos cerca de donde se producen) son principios clave de cualquier política. Las mejoras en la salud pública y la protección medioambiental están, en última instancia, relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores;
7. Se hace hincapié en las políticas que la FSESP ha adoptado en el ámbito de la energía, el agua y los residuos durante el último periodo entre Congresos y su continua importancia para el futuro desarrollo de estrategias de la FSESP relativas a las empresas de servicio público.
{{B. Los delegados reunidos en el octavo Congreso encomiendan a la FSESP y sus afiliadas que:
}}
8. Agua
Desarrollen alianzas con las redes de activistas del agua que promueven servicios públicos de agua, mantengan un análisis crítico de los avances en los servicios de agua de Europa junto con PSIRU y otras organizaciones, apoyen a los sindicatos en la lucha contra la privatización de las compañías de servicios públicos del agua y los residuos, se opongan a los esfuerzos de la Comisión Europea por comercializar los servicios de agua a través, por ejemplo, de una directiva sobre concesiones o medidas de gestión de sequías e inundaciones, insistan en la permanente importancia de la inversión y la mano de obra cualificada como parte de unos servicios de calidad y se centren en el impacto del cambio climático en los servicios de agua y saneamiento;
9. Tomen la iniciativa de recoger un millón de firmas para elevar la petición de que el agua sea un derecho humano y no esté en venta, basada en una acción nacional orientada a obtener un amplio apoyo público durante las cuatro semanas del mes de mayo de 2010, animen a que se sumen otros grupos activistas del agua, asignen recursos al desarrollo del material de campaña y la asistencia al Secretariado de la FSESP, y establezcan un comité director de campaña.
10. Energía
Analicen críticamente el impacto del mercado interior de la electricidad y el gas en los trabajadores, los ciudadanos, la inversión y los precios, exijan un estudio europeo exhaustivo e independiente de la experiencia de la liberalización, expongan la posible contradicción entre la liberalización, por una parte, y la inversión y la seguridad de abastecimiento, por otra, reflexionen sobre la forma de crear una red europea de transporte y hacer campaña para la titularidad pública de las redes de distribución y transmisión, se opongan a la separación de la titularidad de las redes de transmisión y distribución, participen en las instituciones regionales del mercado y hagan campaña para el control democrático de los reguladores a nivel nacional y europeo a través de la participación pública y los consejos consultivos (incluyéndose la representación sindical);
11. Elaboren un capítulo social europeo para que sea incluido en la política energética de la UE y reconozca cuestiones clave como la escasez de combustible y los precios basados en los costes, la seguridad y salud, la movilidad y capacidades técnicas, el diálogo social y la negociación colectiva entre los interlocutores sociales;
12. Reclamen a los gobiernos nacionales y la UE compromisos para una inversión pública masiva en investigación y desarrollo de energías renovables y, especialmente, en energías renovables de carga base, en tecnologías que contribuyan a una sociedad baja en carbono y en las capacidades y cualificaciones necesarias;
13. Reconozcan que la mezcla de combustibles es competencia nacional con implicaciones transfronterizas y europeas en relación con la seguridad de funcionamiento y abastecimiento, el uso de recursos y la eliminación de residuos y, por lo tanto, la necesidad de analizar el impacto de las tecnologías limpias en las capacidades técnicas para garantizar la disponibilidad de mano de obra altamente cualificada para todas las tecnologías energéticas;
14. Desarrollen la política energética de la FSESP centrándose en la organización de trabajadores de los servicios de energía y las fuentes de energía renovable;
15. Apoyen a los sindicatos que participan en la Comunidad de la Energía para el sudeste de Europa (Balcanes Occidentales, Ucrania, Georgia, Moldavia y Turquía) a la hora de aplicar el Memorándum de entendimiento sobre los aspectos sociales de la Comunidad de la Energía y los planes nacionales de acción social; desarrollen la red regional de sindicatos en la Comunidad de la Energía;
16. Reclamen un capítulo social en las políticas exteriores en materia de energía de la UE y el diálogo energético con Rusia, Ucrania y otros países; busquen una mayor participación de todos los sindicatos en el diálogo energético y a un nivel comparable al de las empresas.
17. Residuos
Ofrezcan un análisis de la Estrategia europea de gestión de residuos y las implicaciones de la Directiva marco sobre residuos para los trabajadores, y de cómo pueden los sindicatos utilizarlas para mejorar la formación, la seguridad y salud, y reducir la competencia sobre la base de las condiciones laborales;
18. Estudien el empleo y las condiciones laborales y salariales en el sector de residuos, determinando el alcance de la competencia salvaje, y establezcan un foro de sindicatos de residuos que permita un intercambio periódico y acciones comunes; planteen una jornada de acción anual como parte de la estrategia para lograr un diálogo social, reducir el número de accidentes y conseguir un salario mínimo digno en el sector.
19. Coordinación de la negociación colectiva
Refuercen la coordinación del desarrollo de la negociación colectiva a nivel nacional, en las compañías de servicios públicos y las empresas multinacionales, especialmente en el sector de la electricidad y el gas. Fijen el enfoque en el ámbito nacional/regional, en las compañías de servicios públicos y las empresas multinacionales. Avancen hacia la realización de campañas comunes en temas como la externalización, garanticen la acción coordinada y contribuyan a la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas de los trabajadores. Todo ello con el fin de evitar el dumping social y proteger la libertad de negociar y suscribir convenios colectivos;
20. Desarrollen enfoques comunes como la Carta de solidaridad transnacional para una industria integrada y la Carta del gas;
21. Promuevan el modelo de transición justa en la política energética europea en cooperación con la CES, para conseguir: I. un informe del Parlamento Europeo sobre la dimensión laboral del cambio climático y medidas de acompañamiento como la movilidad, la formación y el reconocimiento de cualificaciones; II. un debate en las instituciones financieras europeas sobre cómo se vinculan estas políticas con la asistencia financiera, III. un debate con los empleadores europeos del sector del gas y la electricidad conducente a un enfoque común;
22. Comparen los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas de servicio público, garanticen el reconocimiento de los sindicatos y busquen criterios negociados de Responsabilidad Social Corporativa en empresas y a nivel sectorial europeo.
23. Diálogo social europeo
Continúen el diálogo social europeo en el sector de la electricidad y el gas, asegurando que se tratan los temas que puedan aportar ventajas reales a los trabajadores, sin eludir los conflictos y haciendo hincapié en la aplicación de posiciones europeas por parte de sindicatos y empleadores nacionales; establezcan un diálogo social en el sector de residuos a través de una campaña orientada a generar un amplio apoyo en las empresas públicas y privadas, y contando con la participación de los miembros y reflexionen sobre la creación de un comité de diálogo social europeo en el sector del agua.
24. Empresas multinacionales
Mantengan la relación con la Red de coordinadores de CEE de la FSESP y se orienten a la creación de CEE en todas las empresas multinacionales del sector del gas y la electricidad en 2010; busquen la creación de CEE en todas las multinacionales del sector de residuos para 2012.
25. Investiguen las empresas multinacionales del sector de compañías de servicios públicos y realicen un seguimiento de las empresas, sus filiales y los sectores. La investigación servirá para ayudar a seleccionar a las empresas que puedan optar a CEE. Se informará a los sindicatos y la FSESP en el momento de seleccionar empresas.
{Aprobado por el Congreso el 10 de junio de 2009}
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