En marzo de 2021 se cumplirá un año desde que los estados miembros de la Unión Europea iniciaron políticas y planes para abordar la crisis del COVID-19. Cumplir el derecho a la energía y asegurar los suministros básicos ya era un desafío importante en la UE, con 1 de cada 4 hogares (al menos 50 millones de personas) viviendo en pobreza energética antes del COVID.
Este informe publicado en la semana de la pobreza energética describe las políticas que muchos países han aplicado para abordar la pobreza energética durante la pandemia de covid19.
La mayoría de esas medidas son insuficientes porque en muchos países no se ha logrado un nivel mínimo de protección real. Y son insuficientes sobre todo porque la mayoría tienen fecha de caducidad.
El informe ha sido elaborado por la ONG catalana ESF y cuenta con el apoyo de la coalición por el derecho a la energía y la FSESP.
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