One of the flagships of French water multinational Suez - Aguas Argentinas - has returned in public hands. This news was announced for World Water Day and is proof of the strength of the campaign to keep water services in public hands.
Press statement of the PSI Argentinean affiliates (Spanish):
EL ESTADO ARGENTINO RETOMA EL CONTROL Y OPERACION DE AGUAS Y SANEAMIENTO
El titular de AySA sostiene que Aguas Argentinas “hizo cosas bien y cosas mal” Carlos Ben reivindicó la privatización a comienzos de los 90 al asegurar que "en ese momento fue un remedio”. Y sostuvo que la prioridad de la nueva empresa estatal es "recuperar rápidamente la calidad del agua" y mejorar el servicio con la misma tarifa. El designado titular de la flamante empresa de aguas estatal AySA, Carlos Ben, reivindicó la privatización de Obras Sanitarias en la década del 90, dijo que la concesionaria a la que se le rescindió el servicio "hizo cosas bien y otras mal", y sostuvo no tener conocimiento de la contaminación con nitratos. Además, manifestó que la prioridad es “recuperar rápidamente la calidad del agua”. Ben, quien fue uno de los tres segundos en Aguas Argentinas, aseguró que el tema de la contaminación con nitratos, uno de las bases que tomó el gobierno para rescindir el contrato "no se trató en reunión de directorio", y aseguró por radio Mitre no tener los "informes técnicos" sobre ese tema. Por otra parte, para Ben, la privatización de obras Sanitarias "en ese momento fue un remedio, al cual se apeló para salir de una situación" de parálisis, al sostener que no había para la vieja empresa estatal "posibilidad de financiamiento ni de obras". Además, aseguró que lo prioritario es "recuperar rápidamente la calidad del agua" y mejorar el servicio con la misma tarifa. "Debemos recuperar rápidamente la calidad del agua, bajar los nitratos, que han provocado legítimos reclamos de muchos usuarios y volver a recuperar el empuje de la empresa, poniendo todo el esfuerzo en el servicio para mejorarlo y con la misma tarifa", expresó en otras declaraciones radiales. La empresa AySa se hará cargo del servicio de aguas en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, luego que el Gobierno rescindiera ayer el contrato con Aguas Argentinas por “reiterados incumplimientos”. La medida oficial cosechó apoyos diversos La decisión del Gobierno de rescindir el contrato con Suez por la concesión del servicio de agua potable y cloacas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires cosechó diversas expresiones de apoyo.
El vicepresidente, Daniel Scioli, consideró que el Estado "no puede permanecer ausente frente a un tema estratégico para la salud de la población". También expresó su apoyo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, quien juzgó como "una medida histórica" la decisión del Gobierno. "La producción de agua y cloacas no pueden estar en manos privadas" y "no pueden guiarse por razones de rentabilidad" porque si así fuera, "sólo tendrán el servicio quienes puedan pagar", agregó.
Por su parte, la diputada del ARI María América González se mostró "absolutamente de acuerdo" con la rescisión, y pidió que los ex concesionarios "no se vayan sin pagar las deudas que tienen con el pueblo argentino". Otro de los que manifestó su apoyo fue el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien recordó que el organismo que dirige presentó a fines de 2005 un estudio en el que confirmó "el exceso de nitratos" en el agua que se consume en la Capital y el GBA. Y consideró que este momento "es una oportunidad para cambiar el modelo". "En la actualidad, lo que existen son empresas con participación de los gobiernos y un verdadero proceso de descentralización.
Se trata de concesiones chicas, de más fácil manejo y control", agregó. Por último, las entidades defensoras de los derechos de los consumidores también se mostraron de acuerdo con la medida. "Apoyamos con entusiasmo la decisión", dijo Héctor Polino, de Consumidores Libres. Y Pedro Busetti, de Deuco, dijo que se viene pidiendo esta decisión "desde hace ocho años", a causa de "las obras no realizadas, del perdón de las multas y de las deudas de la empresa". Buscan el respaldo del Congreso El Gobierno le habría pedido al oficialismo parlamentario respaldo político urgente a la decisión de rescindir el contrato de Aguas Argentinas. Los decretos de necesidad y urgencia 303 y 304 ingresaron ayer al filo de las 21 a Diputados. Sin embargo, legisladores del PJ de ambas cámaras sondearon desde la tarde de ayer la posibilidad de ratificar hoy mismo esos DNU.
Pero esa ratificación relámpago sólo podría darse si se cumplen dos requisitos. Que haya sesión después de la Asamblea Legislativa en la que se homenajeará a la presidenta chilena Michele Bachelet. Y, segundo, que el PJ logre dos tercios, una posibilidad que se daría más fácilmente en el Senado que en Diputados, donde ingresaron los textos de la Rosada. Con todo, por la tarde los legisladores discutieron si el Congreso debería solamente ratificar la rescisión del contrato o avanzar también en la constitución de la nueva sociedad que operará este servicio público. Cuando se creó Enarsa, la empresa energética, el Congreso discutió este punto. Pero para Aguas no sería necesario porque sería una sociedad estatal y no mixta. Sin embargo, el de Aguas sería el primero de todos los contratos revocados hasta ahora (Correo, Metropolitano y Thales) que involucra a un accionista extranjero de gran magnitud.
Por eso, se analizaría un respaldo parlamentario especial a la parte del DNU que recarga las tintas sobre "la culpabilidad" de la empresa francesa en la decisión del Gobierno argentino. Suez contraataca y se viene una pelea por US$ 1.700 millones La dueña de Aguas le echa las culpas al Gobierno para sostener su reclamo en el CIADI. La francesa Suez y el Gobierno cruzaron ayer mensajes en los que cada parte se atribuyó la decisión de rescindir el contrato que los vinculaban. En los dos casos, cada parte responsabilizó a la otra por la situación que originó la rescisión. Esa acusación mutua es mucho más que una chicana política cruzada. Es el nudo de un reclamo que Suez y sus socios (Aguas de Barcelona y Vivendi) hicieron contra el Estado argentino, en los tribunales del CIADI, por 1.700 millones de dólares.
Horas después de que el Gobierno anunciara que rescindía el contrato con Suez por "reiterados incumplimientos", Aguas Argentinas emitió un comunicado en el cual recordó que en setiembre pasado, sus accionistas (encabezados por Suez) habían resuelto "solicitar la terminación del contrato por culpa del Concedente (en alusión al Estado argentino)". "Ante la imposibilidad de recomponer el equilibrio económico financiero de la concesión, la empresa no estaba más en condición de asumir los riesgos y las responsabilidades vinculadas a la prestación del servicio. Desde esta fecha, y por invitación del Gobierno argentino, se habían iniciado negociaciones con varios inversores para la cesión de la empresa, sin éxito", agregó Aguas, en un comunicado.
"No consentimos los argumentos esgrimidos por el Concedente como causal de rescisión", agregó la empresa, que caracterizó su desempeño como "ejemplar". Y señaló que invirtió "1.700 millones de dólares", desde 1993. Esa es, precisamente, la cifra que Suez y sus socios reclaman como indemnización al Estado, ante el CIADI, el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial. La causa fue radicada en julio de 2003 y ya tiene árbitros designados: el estadounidense Jeswald W. Salacuse, la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler y el venezolano Pedro Nikken.
En febrero, mientras negociaba un traspaso accionario al grupo Eurnekian que nunca se concretó, Aguas anunció que retiraría su demanda ante el CIADI. Pero sus accionistas (Suez, AgBar, Vivendi y también Anglian Water) mantuvieron su demanda por los US$ 1.700 millones. De hecho, en el sitio web del CIADI sigue figurando Aguas Argentinas como querellante. A la vez, la escalada del conflicto entre Suez y el Gobierno ya generó una dura consecuencia diplomática: el presidente de Francia, Jacques Chirac, pasará por alto a la Argentina durante la visita que hará a la región a fines de mayo.
El gobierno francés ya había defendido públicamente a Suez y la tensión entre los dos gobiernos sigue vigente: Chirac iniciará el 26 de mayo su postergada visita (luego de reponerse de un derrame cerebral) a Brasil, Uruguay y Chile, sin escala en la Casa Rosada. El Estado contraatacó en los tribunales locales: querelló a Aguas Argentinas por incumplimiento de contrato. La causa está radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 10, a cargo de Liliana Heiland.
En los últimos dos meses hubo gestiones por separado, en París, entre Suez y dos inversionistas: el grupo Eurnekian y un consorcio liderado por los fondos Fintech y Latin American Assets Management. Las negociaciones terminaron en vía muerta y las partes guardaron silencio. Fuentes que siguieron aquellas tratativas marcaron la falta de entusiasmo por parte de, al menos, uno de esos representantes privados. "Todo indica que lo hicieron sólo como un gesto, para quedar bien con el Gobierno. Y nada más", agregaron. COORDINACION ARGENTINA DE SINDICATOS AFILIADOS A LA I.S.P
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