Fundamentos para una actitud positiva ante los servicios públicos

Apoyar el establecimiento de disposiciones jurídicas horizontales para los servicios públicos a nivel comunitario. Tras un retraso de 10 años, ya es hora de que los eurodiputados realicen las acciones necesarias.

Apoyar el establecimiento de un programa de acción comunitario para la prestación de servicios públicos de calidad basado en el Protocolo sobre servicios públicos suscrito en 2008 entre los 27 Estados miembros de la UE.

Buscar la aprobación de una directiva de tiempo de trabajo justa, según las pautas marcadas en el informe CERCAS de 2005.

Obtener el apoyo activo del Parlamento Europeo al sistema europeo de diálogo social y negociación colectiva.

Fundamentos para una política de salud

Velar por que las propuestas europeas de servicios sanitarios tengan como punto de partida los principios de solidaridad, accesibilidad geográfica y económica, y universalidad. La concreción jurídica de estos principios en el marco de la prestación de servicios de salud sigue siendo uno de los grandes retos de la UE.

Fundamentos para una política energética

Apoyar toda legislación que aumente el control democrático de la actividad de los reguladores energéticos europeos.

Reclamar que el Parlamento Europeo lleve a cabo una evaluación exhaustiva del funcionamiento del mercado del gas y la electricidad en 2010, con un enfoque en el empleo, las inversiones, el precio para el usuario final y el desarrollo sostenible.

Buscar la mejora del procedimiento de evaluación de contratos públicos y la integración de disposiciones sociales y ambientales.

Obtener el reconocimiento al papel de los empleados públicos en los distintos apartados de la legislación comunitaria, y velar por que no queden excluidos de las disposiciones legislativas progresistas que se adopten en materia de condiciones de trabajo.

Obtener la consideración, una vez más, del agua como derecho humano en el Parlamento Europeo.

No apoyar la comercialización y liberalización de los servicios de agua, y no impulsar la privatización de las compañías de servicios públicos del agua.