¿Qué futuro tiene la Directiva de servicios? Desde el ángulo de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos
(Bruselas, 24 de febrero de 2006) Celebrada el 16 de febrero la votación del Parlamento Europeo, el Consejo de Competitividad de 13 de marzo (reunión de ministros de los Estados miembros) pasa a ser el centro de todas las miradas. Al término de la votación de la directiva, la FSESP calificó los resultados de “balance positivo”, en particular para los servicios sociales y sanitarios. Para ello, la FSESP apostó por una muy visible campaña de movilización y lobby. De lo que se trata ahora es de garantizar inequívocamente la exclusión de todos los servicios públicos del ámbito de la directiva. ¿Qué significa esto? Significa que los más de 200 sindicatos del sector público que forman la comunidad de la FSESP deben exigir a sus gobiernos nacionales la exclusión inequívoca de los servicios públicos del ámbito de aplicación de la directiva. Hay dos aspectos clave:
- Exigir la exclusión de todos los servicios públicos (lo que en la jerga comunitaria se ha bautizado como servicios de interés económico general).
- Velar por que el Consejo de Ministros no reincorpore los sectores excluidos por el Parlamento Europeo, esto es, los servicios sociales, la sanidad y los transportes).
La directiva, según el análisis de la FSESP, presenta los siguientes riesgos:
Quedan cubiertos por la directiva los siguientes sectores: agua, residuos, electricidad y gas (servicios de medición y facturación, etc.), educación y cultura. Los gobiernos nacionales son libres de organizar sus servicios públicos, de acuerdo con la legislación comunitaria. Si se tiene en cuenta la ausencia de un instrumento jurídico comunitario que proteja los servicios públicos, lo que se está diciendo es: “Los gobiernos nacionales pueden organizar los servicios públicos de conformidad con la Directiva de servicios”, ni más ni menos.
La Comisión Europea podrá examinar los modelos de ordenación de los gobiernos nacionales (cláusula de autorización). A la Comisión le interesará más el cumplimiento de las normas del mercado interior que la calidad del servicio público.
La Comisión Europea podrá cerrar el paso a la aplicación nacional de nuevas normativas destinadas a proteger la calidad y prestación de servicios públicos (cláusula de requisitos).
El texto de la directiva exige la simplificación de trámites administrativos. La FSESP teme que la simplificación de procedimientos administrativos obedezca a motivos de reducción de la regulación. La Federación es totalmente favorable a intensificar la coordinación de sistemas administrativos entre y dentro de los Estados miembros. Ahora bien, esto no significa que haya que considerar como inherentemente malas normativas bien definidas de garantía de niveles de calidad. La directiva ofrece poca información acerca de cómo conciliar racionalización y calidad.
A las afiliadas se les presenta la oportunidad de instar a los gobiernos de los Estados miembros a respaldar la exclusión total de los servicios públicos (SIG y SIEG) antes de que el Consejo adopte su posición común y de que la Comisión publique una propuesta revisada. El papel de los trabajadores del sector público no ha perdido un ápice de su vigencia; esta batalla por la defensa de servicios públicos de calidad no ha terminado, ni mucho menos. Servicio público, la fuerza de Europa
Calendario de la Directiva de servicios
13 de marzo: dictamen del Consejo de Ministros (Consejo de Competitividad) sobre las enmiendas del Parlamento Europeo
Abril: propuesta REVISADA de la Comisión Europea
15 y 16 de junio: Consejo Europeo (cumbre correspondiente a la Presidencia austriaca)
Nota para la redacción: Este comunicado de prensa refleja la opinión de la secretaria general de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel.
Primer análisis de los resultados de la votación del pleno del Parlamento Europeo, celebrada el 16 de febrero, relacionados con los sectores de la FSESP; solicitud de actuación - for our members only
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